CONCURSO DE ACREEDORES

Desde el área de Derecho Mercantil y Societario de LEGALITAX, representamos a nuestros clientes en todas las áreas legales relacionadas con su actividad empresarial.

 

Los profesionales de nuestra firma que defenderán sus derechos ante la Agencia Tributaria disponen de doble titulación académica como abogados y economista con más de 20 años de experiencia profesional como abogados fiscalistas.

Un concurso de acreedores es un procedimiento legal que se origina cuando una persona física o jurídica deviene en una situación de insolvencia en la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda.

Hay empresas que por las circunstancias que fueran tienen dificultades para hacer frente a la pago de sus acreedores, presentar un concurso de acreedores podría ser una vía para reducir el pago de esas deudas logrando un acuerdo con esos acreedores.

Presentar un concurso de acreedores ante un Juzgado de lo mercantil sirve para dos cosas:

  • Buscar la supervivencia de la empresa a través de un plan de viabilidad empresarial. A veces es posible lograrlo, y otras no, pues todo dependerá mucho del nivel de insolvencia o endeudamiento empresarial.
  • Buscar la liquidación y disolución de la empresa evitando en lo posible la responsabilidad del administrador de la compañía en el pago de las deudas impagadas de la sociedad. Por desgracia, este sería el caso más suele darse.

Para presentar un concurso de acreedores precisa de la intervención de un economista que se encargue del análisis de la situación patrimonial y contable del deudor y redacción de la memoria económica, así como de una abogado que finalmente es el profesional que presenta la demanda ante el Juzgado de los Mercantil y se encargará de defender los interés de deudor en el procedimiento. La coordinación entre ambos profesionales es básica para aumentar las probabilidades de éxito del procedimiento, como realziamos dentro de nuestro equipo de ABOGADOS ECONOMISTAS MARBELLA

El profesional de nuestra firma encargado de asumir la llevanza de todo el procedimiento es la misma persona, al tener doble titulación académica y profesional como abogado y economista, lo cual garantiza un trabajo más eficiente, y al mismo tiempo se evita duplicidad de pago de honorarios a los profesionales que participan en la elaboración de los documentos que hay que aportarse ante el Juzgado.